LA INVENCIÓN DE LO JUDICIAL

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Los sondeos y las encuestas más recientes sobre opinión pública muestran que la desconfianza por parte de la sociedad respecto a la administración de justicia parece ir en aumento. Si bien es cierto que se trata de investigaciones dispersas, no articuladas entre sí, y que en algunos casos son contratadas por los mismos medios de comunicación o espacios políticos que luego se encargan de divulgarlas, de cualquier modo, parecen dar lugar a una novedosa definición de lo judicial. 

Ya a mediados de los 90, se advertía que la ciudadanía desarrolla vínculos para nada lineales con el castigo legal, tendiendo a ofrecer un claro respaldo a criterios de mayor severidad en las condenas cuando se trataba de encuestas con preguntas amplias e indeterminadas. Pero si las consultas se asociaban a temas específicos ligados a problemas concretos, las personas solían formular respuestas más moderadas acerca de las virtudes de la penalidad y sus efectos. 

Tomando en cuenta este planteo, lo que resulta interesante de las aludidas mediciones es que reflejan, incluso aceptando cierto sesgo, una percepción que contribuye a configurar los debates sobre el desempeño de la justicia, en particular acerca de su ámbito penal. Dicho más concretamente, las controversias que tienen al Poder Judicial como protagonista, parten muy a menudo del presupuesto de que se trata de una institución deslegitimada para buena parte de la comunidad.  

De acuerdo con esto, ¿cuáles son los elementos más salientes de las caracterizaciones que se han publicado en la prensa en los últimos años, y que han posibilitado una nueva invención de lo judicial? Dos de los pilares más significativos en esta desconfianza parecen estar asentados en la vulneración de valores que encarnan objetivos distintos: por un lado, la existencia de una justicia corrupta y condicionada por diversos poderes, es decir, una justicia por fuera de los límites de la ley. Por otro lado, el problema de una justicia lenta que no resuelve en un tiempo prudencial los casos como se espera que lo haga, en definitiva, un poder judicial que atenta contra la eficacia. 

En este sentido, parece exigirse tanto una justicia penal rápida y efectiva que dé respuestas diligentes frente a los conflictos que gestiona, como también una justicia penal que priorice las vías de acceso a los cargos para que de esa manera sus integrantes gocen de mayor idoneidad y legitimidad. Más concretamente, aquello que resulta sugestivo es que las demandas y las expectativas parten de diferentes presupuestos cuando las críticas se fundamentan en la falta de eficacia o en la falta de transparencia

Otro interrogante que se puede plantear –siguiendo la literatura que trabaja el fenómeno del populismo penal– es si estas críticas hacia el funcionamiento de la justicia emergen espontáneamente de la ciudadanía o, por el contrario, son otros actores –como el campo político o los medios de comunicación– quienes lo instalan deliberadamente para obtener algún tipo de provecho. Si bien parece haber algún tipo de consenso acerca de la incredulidad de las personas sobre la idoneidad de los procesos estatales para responder de forma adecuada a sus necesidades, aquí la cuestión a develar es si el repudio acerca del trabajo de la justicia surge directamente “desde abajo” –es decir, de la ciudadanía– o si en realidad es generado por las élites “desde arriba”, y que luego la gente de a pie simplemente reproduce. 

Esta última línea teórica sostiene que actores políticos y medios de comunicación, entre otros, dan forma a la opinión pública para posteriormente, de manera intencional, encuestarla. Así es como surge “desde arriba” la caracterización de una justicia incapaz de realizar sus tareas debidamente, caracterización que con posterioridad termina siendo respaldada “desde abajo”, contribuyendo esto último a dotar de validez y reconocimiento ciudadano al planteo original de las élites. 

Por el contrario, están quienes advierten que los rechazos al desempeño de la justicia deben ser analizados como una sucesión de eventos que surgen “desde abajo” como consecuencia de la participación genuina y comprometida de la sociedad, sea en ONG, en grupos barriales o en espacios políticos. Las personas de a pie son las que demandan otro funcionamiento del ámbito judicial, pudiendo luego estos reclamos ser canalizados por parte de los actores políticos o la prensa para llevar adelante cambios y transformaciones en diferentes escalas.   

Finalmente, existen trabajos que plantean la necesidad de articular estos dos procesos, “desde arriba” y “desde abajo”, dado que en los hechos ambos están interrelacionados. Esto significa que la instalación del problema del mal desempeño de la justicia por parte de las élites no podría arraigar en la ciudadanía si esta última en simultáneo no percibiese algún tipo de desencanto al respecto.  

Toda esta problemática que acabamos de señalar ha dado lugar, como dijimos, a una incipiente definición e invención de lo judicial que, en varios aspectos, tiende a quitarle densidad al trabajo de sus integrantes. Como consecuencia de este fenómeno, se suele pasar por alto que la justicia es un ámbito heterogéneo con múltiples diversificaciones y jerarquías, muy especialmente su esfera penal. En tal sentido, se suele aludir a la tradicional idea de la “familia judicial”, principalmente en lo que tiene que ver con el uso metafórico de ese concepto, el cual supone una fuerte dosis de corporativismo hacia el interior de la institución. Sin embargo, los actores judiciales muestran que esa imagen está más ligada a una representación pública sobre la justicia penal, imagen que se desentiende de sus escepticismos privados al respecto. O en todo caso, que estos escepticismos privados dan lugar a una representación de la justicia penal por parte de quienes la integran que es algo más inestable que la representación pública que existe sobre la misma. En definitiva, uno de los grandes problemas que acarrea esta reciente invención de lo judicial es que no permite ahondar en muchos matices que pueden resultar significativos, si de lo que se trata es de entender a la justicia. 

A esto se suma que la justicia en general, y en particular la justicia penal, son sitios con una tradicional tendencia al hermetismo, en el sentido de resistirse a ser observada o a rendir cuentas por su desempeño. Uno de los grandes inconvenientes que genera esto es que existe poca información disponible al respecto: la justicia es reticente a producir datos y muchos más reticente a que los produzcan otras instituciones o agencias. A su vez, también es cierto que en los últimos años esta tendencia no ha seguido una trayectoria uniforme, puesto que, se puede observar la elaboración de estadísticas e insumos tanto oficiales como no gubernamentales, a lo que se suma –en particular para el ámbito de la justicia penal– un variado interés por investigaciones empíricas.    

Los datos y estadísticas con los que contamos sobre el trabajo de la justicia penal son parciales y nos permiten ver sólo ciertos aspectos de los hechos que esta institución procesa. Sin embargo, no dejan de ser valiosos para ensayar algún tipo de análisis sobre el género, la edad, el nivel de instrucción, los tipos de delitos, o la situación procesal de “los clientes”, tal como llaman los actores judiciales a quienes son investigados por la comisión de algún ilícito.  

Sobre las investigaciones empíricas que se vienen desarrollando en torno a cómo trabaja la justicia penal, podemos decir que son dispares respecto a los objetivos y técnicas empleadas. En este sentido, empieza a haber contribuciones que problematizan la utilización de la prisión preventiva sugiriendo que se trata de una práctica judicial que no se reduce a la presencia o ausencia de los riesgos procesales, debiéndose tener en cuenta otros elementos y actores no judiciales que pueden influir al respecto. También se está trabajando en las relaciones entre justicia penal e institución carcelaria, insinuando algunas conclusiones provisorias que demuestran el poco –incluso nulo– conocimiento que existe por parte de los actores judiciales en torno a las particularidades de la prisión, lugar al que envían en definitiva a sus clientes. Por último, podemos mencionar exploraciones que reflejan el escaso interés de la justicia penal a la hora de esclarecer sucesos tanto de tortura como de muertes de personas que se encuentran bajo custodia penitenciaria.

Estas investigaciones, junto con otras, logran un balance positivo respecto de la posibilidad de tomar a la justicia penal como objeto de estudio, puesto que se acercan a la realidad en la que trabajan los operadores jurídicos tomando en cuenta sus percepciones. También se explora el modo en que otras instituciones no judiciales están en condiciones de afectar su cotidianeidad, junto a los discursos y retóricas con los que el trabajo de dicha justicia penal es presentado.

Por lo tanto, pensar cómo trabaja la justicia penal significa ver qué demografía penitenciaria produce a partir de las cifras con las que contamos, junto al modo y las circunstancias en los que las produce: ¿usando altos o bajos índices de prisión preventiva? ¿Con los operadores jurídicos condicionados o no por otros actores sociales? ¿Conociendo o ignorando la realidad carcelaria? ¿Involucrándose o desentendiéndose de los abusos y la violencia institucional?  

A todo esto, podríamos preguntarnos por qué trabaja como trabaja la justicia penal: quizá un tanto pretenciosa, la tarea de la sociología de la justicia penal debería ser la de aclarar, entre otros, este interrogante, ofreciendo demostraciones cabales junto a la mayor rigurosidad conceptual posible. Y al hacerlo, generar marcos más adecuados para poder comprender aquello que sucede, incluso ayudando a quienes integran tal justicia a interpretar su propia experiencia.  

Aquí resulta tan importante puntualizar el papel que queremos asignarle a la sociología como las tareas que podemos verificar que lleva adelante la justicia penal. Entonces, podríamos sugerir que la justicia penal trabaja como trabaja por los datos que existen sobre su funcionamiento y, principalmente, por aquellos que no existen. En simultáneo, si bien construir estadísticas y cifras es imprescindible, no es suficiente para esclarecer las conductas de los actores en una institución, puesto que muchas de estas conductas son visibles y declarables –como por ejemplo redactar algunas fórmulas en los expedientes, o la manera de argumentar en una audiencia– y otras que no lo son –copiar y pegar esas fórmulas en los expedientes para ahorrar tiempo, o acordar antes de la audiencia el resultado que ésta va a tener, cuando eso debería dirimirse en la misma audiencia–. Dicho de otra manera, muchas de las prácticas de los actores judiciales, que podemos definir como oficiales, surgen de aprendizajes explícitos y están avaladas por la misma justicia; por el contrario, hay otras prácticas oficiosas que se aprenden sin una referencia precisa o un criterio respaldado.   

La justicia penal trabaja como trabaja, además, porque es una institución en buena medida estabilizada dentro de la cual no se juega todo de nuevo a cada instante, o “donde todo se reinventaría en cada interacción entre los actores según contextos específicos”. Por esta razón, resulta riesgoso creer que los actores judiciales actúan totalmente liberados del peso de su propia historia dentro de la propia historia de la justicia penal en la que trabajan. En otras palabras, hay que evitar suponer que las prácticas judiciales serían el resultado de instancias creativas permanentes o que las trayectorias incorporadas y los contextos presentes carecerían de anclaje. 

En síntesis, para intentar entender por qué la justicia penal trabaja como trabaja debemos, además de definirla como lenta o corrupta, aportar descripciones adaptadas a la singularidad de la institución y de sus particularidades, sin caer en el compromiso desmedido que asumen aquellos que están más preocupados por transformarla que por interpretarla. 



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Investigador del CONICET y coordina el Área de Sociología de la Justicia Penal en el Instituto de Cultura Jurídica (UNLP). Es autor de Por una criminología menor: ensayos, admiraciones y aserciones (Di Plácido, Buenos Aires, 2014), La cuestión cautelar: el uso de la prisión preventiva desde la sociología de la justicia penal (Ediar, 2016), y Temblores criminológicos. Dilemas sobre el castigo, el control social y la responsabilidad penal (Astrea, 2019). Compiló Sociología de la justicia penal. Interrogantes actuales sobre la administración del castigo (Ediar, 2017), La condición judicial. Dimensiones sociales de la justicia penal (Ad-Hoc, 2020), y El Imperio de castigar. Contribuciones desde la sociología de la justicia penal (Editores del Sur, 2020).

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