EL CASTIGO COMO PLACEBO

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Supongamos un escenario. Un grupo de personas deciden autoorganizarse. Disconformes con las normas que los regulan y no contentos con su modo de vida actual, disponen nuevas leyes que regulen sus conductas. En esta comunidad de ciudadanos iguales se plantean normas en cuanto al hacer y al no hacer dentro de su sociedad. Al cabo de un tiempo todo transcurre normalmente, pero un día cualquiera alguien enciende un fuego cerca del granero incendiando el mismo, o por recelo roba las herramientas del taller o cualquier otra situación que imaginemos. 

Frente a esta posibilidad, ¿la solución sería aplicar el peor de los castigos? ¿Condenaríamos a uno de los nuestros, a uno de nuestros pares, a aquellos con quienes estamos comprometidos en un proyecto común, un vecino o conocido, a sufrir el encierro, el sufrimiento, el destierro, la expulsión de nuestra comunidad? ¿No resultaría más efectivo si quizás le pidiéramos que asuma un rol decisivo en la reconstrucción del granero o en la fabricación o compra de nuevas herramientas? ¿No arrojaría un resultado mucho más positivo, reparador, ejemplificador, en relación a la responsabilidad sobre el daño causado para aquel que ofende? ¿No expresarían las victimas mayor conformidad sobre lo decidido? De esa forma entonces, se repararía la falta cometida y volveríamos a la situación que regía en sus comienzos, a esa comunidad de iguales. 

La idea de restauración o de justicia restaurativa remite a un término nórdico que se relaciona con “volver a apilar los leños caídos”: alguien ha volteado los leños que habíamos apilado con esmero y tenemos que restaurar esa situación, volver a colocar leño sobre leño. 

Debe existir un compromiso mutuo, debemos internalizar que formamos parte de una misma comunidad y todos nos debemos algo el uno al otro. Precisamos establecer una conexión mucho más significativa de la que hoy existe entre el derecho penal y una democracia republicana. Y para ello debe comenzar a importarnos no sólo cada individuo en particular sino a la vez el conjunto de ellos. Ese debe ser el ideal para pensar el castigo. 

Por otro lado, en la actualidad, ¿Cuánto de autoridad tiene el estado para castigar en sociedades tremendamente desiguales? ¿No debería ser proporcional la relación entre el beneficio que otorga a sus ciudadanos y el castigo que imputa a los mismos? ¿Puede el estado imponer toda su fuerza en el castigo si previamente dejó al descuido y despojo a esos mismos individuos?  

Nils Christie, un criminólogo noruego, al referirse al modo en que se transforman determinados hechos en delitos, compara la actitud que cada uno de nosotros tiene frente a las conductas de los niños propios y los niños ajenos: 

La mayoría de ellos (“nuestros hijos”) a veces hacen cosas que la ley podría considerar como delitos. Desaparece dinero de una cartera. Un hijo no siempre dice la verdad, por lo menos no toda la verdad, sobre dónde estuvo la noche anterior. Le pega al hermano. Pero, sin embargo, no les aplicamos categorías del derecho penal. No llamamos delincuentes a los niños ni delitos a sus actos. 

¿Por qué? 

Simplemente porque no estaría bien. 

¿Por qué no? 

Porque sabemos demasiado. Conocemos el contexto: el niño necesitaba mucho el dinero, estaba enamorado por primera vez, su hermano ya lo había molestado más de lo que cualquiera podría soportar. Los actos fueron insignificantes, no se les agregaría nada al verlos desde la perspectiva del derecho penal. Y a un hijo lo conocemos tan bien a partir de miles de encuentros, que con tanta información una categoría penal resulta demasiado estrecha. 

Pero no podemos decir lo mismo, necesariamente, sobre el niño de la familia que se acaba de mudar acá enfrente. 

La distancia social tiene particular importancia. La distancia aumenta la tendencia a interpretar ciertos actos como delitos y a ver a la gente simplemente como delincuentes. 

Entiendo, por supuesto, que es una materia espinosa, donde hay poca reflexión por lo inercial y contaminado de la misma desde hace ya mucho tiempo. Se torna previsible, cuando se habita en sociedades de extrema desigualdad que el aparato coercitivo (en todos sus estamentos) se ponga más al servicio de los intereses y conveniencias de aquellos que en esa desigualdad han salido beneficiados. Esa coerción, pareciera ser que trabaja para esos favorecidos y por lo tanto motiva, multiplica y ensancha la brecha de esas desigualdades. 

Por ello tendremos que comenzar a minimizar la cantidad de violencia en la sociedad, no sólo la violencia de los delitos, sino también la violencia que tenemos todos de las reacciones frente a los delitos. Precisamos un manto de templanza social y deliberar en profundidad si este tipo de castigo es el mejor modo de resolver las injusticias de nuestra comunidad. Si los medios estrictamente punitivos para castigar no dejan olvidados valores  como “comunidad”, “inclusión”, “integración”, “igualdad”, “participación”, donde claramente esos conceptos producirán un acercamiento entre aquel que ofende y la comunidad ofendida, donde actuando por el contrario se comenzará definitivamente a romper esa frágil comunión que existía entre ambos, y ese estadio de cobijo y protección se volverá un abismo ya muy difícil de recuperar. 

Y ese castigo, donde cada vez más tendemos a pensarlo asociado a la privación de libertad, es difícil justificarlo en sociedades desiguales, a no ser que la misma sociedad colabore con esa justificación pidiendo a viva voz la mayor mano dura posible, como estamos viendo cada vez con más intensidad. Y ahí es cuando el castigo se coloca en primer lugar. Por supuesto que una comunidad tiene derecho a reprochar las faltas cometidas por alguno de los individuos que la integran, pero esa peculiar forma de respuesta (pensando en los delitos menos gravosos) se ha convertido en una solución usual, casuística, descartando de plano otras alternativas de reproche penal, por cierto, seguramente mucho más efectivas a la hora de pensar la relación entre el castigo y la responsabilidad del ofensor, el reproche de la transgresión, el arrepentimiento, etc. Todas ellas difícilmente practicables a la hora de pensar como castigo el alojamiento del agresor en dependencias penitenciarias teniendo en cuenta las condiciones carcelarias de nuestro país. Tanto naturalizamos el castigo que convertimos el mismo no en una respuesta de última instancia sino en nuestra primera solución frente a cualquier falta más o menos seria cometida por algún ofensor que nos incomode como sociedad y quiebre esa armonía que pretendemos.

Debemos alguna vez reflexionar si los modos que el Estado tiene respecto de la dominación, de la violencia coercitiva, son los correctos y fundamentalmente si después de haberla puesto en práctica, dicho castigo sirvió efectivamente para que el ofensor no incurra nuevamente en actividades delictivas.

Y por otro lado, ¿a quién castigamos? Para graficar quisiera resaltar un comportamiento social. 

Si observamos nuestra normativa vemos que el Artículo 172 del Código Penal de la Nación Argentina respecto del delito de Estafa indica que: “Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro…”. El artículo 164 del mismo digesto en cambio tipifica la figura del Robo y dice: “Será reprimido con prisión de un mes a seis años el que se apoderare ilegítimamente de…”.

Como vemos, ambos delitos tienen el mismo tiempo de reclusión tanto en el mínimo como en el máximo de pena. Ahora bien, basta que se ingrese en el buscador Google y se coloque la frase “linchamiento a un ladrón en Argentina” para que nos devuelva miles de imágenes, videos con escenas muy crudas,  vecinos festejando y haciendo valer la justicia por mano propia, portales de diarios dando cuenta de ello e infinidad de búsquedas relacionadas a tal tenor. En cambio si colocamos “linchamiento a un estafador en Argentina”, no sólo hay 5 veces menos resultados, sin imágenes ni videos, sino que en las primeras páginas del buscador ya deja de haber noticias relacionadas exclusivas al tema en cuestión.

Claro está, que a igual pena en el delito, uno sigue siendo de guante blanco (parece mentira que el lenguaje se encargue de remarcarnos el matiz, tonalidad blanca como símbolo de pureza, como ensañándose la semántica en diferenciar las transgresiones por color), donde el que perpetró el delito de guante blanco, aun teniendo las oportunidades de no caer en esa actividad delictiva, no parecería cargar con una mancha social; y el otro en cambio es un delito no permitido por la sociedad, aunque es largamente probado que el robo es cometido por personas con realidades socioeconómicas complejas. Nuevamente el doble castigo. Nos encarnizamos con aquel que sin oportunidades delinquió y dejamos pasar aquel que con oportunidades eligió dicho camino pudiendo optar por otro. 

El grado de homogeneidad social que distingue a nuestras cárceles, aún estando inmersos en una sociedad plural y heterogénea, denuncia como verdad de Perogrullo el sesgo sistemático de nuestro derecho penal y el modo en que se lo interpreta y aplica, tanto por los operadores judiciales como por una sociedad que colabora y se siente verdaderamente cómoda con esa práctica diaria. En cientos de paredes se encuentra escrito una verdad dolorosa: “La Justicia es como las serpientes; sólo muerde a los que van descalzos”.

Castigar entonces actúa como placebo, carece de una acción curativa pero parecería que nos produce un efecto terapéutico. ¿Pero a quién castigamos? ¿Castigamos a aquel que está más afín a algo que nos representa o que está en las antípodas de nuestra estructura? Ese castigo corporal, esa ausencia de libertad, ¿nos garantiza un bienestar social pleno o perdura mientras exista el confinamiento del ofensor? ¿Podemos realmente estar seguros que ese castigo se ocupará de que quien ofende no vuelva a hacerlo una vez que esté nuevamente en comunidad? ¿Cuánto de las ausencias de todo tipo que sufrió el ofensor durante toda su vida repercutieron en que se cometa el delito? ¿Por qué el estado aparece con todo su poder coercitivo una vez que se comete el ilícito pero no logra con la misma vehemencia contar con herramientas certeras para que no se llegue a cometer esa agresión por parte de quien ofende?

El recorrido que tenemos por delante se presenta a simple vista perturbador, pero si es menester para lograr una mejor sociedad, acortar al extremo la distancia social, de esa manera, el entendimiento, la comprensión, el dolor del otro, se hará para nosotros mucho más estrecho, mucho más cercano. La lejanía social hace que el castigo en cualquier individuo no nos movilice, por el contrario, tiende a que pregonemos y reclamemos para que se escarmiente lo más severamente posible. Es hora de comenzar a pensar una sociedad mucho más colectiva, donde si alguien voltea los leños que apilamos diariamente con tanto esmero, entre todos volvamos a colocar uno sobre el otro.



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