Extracto del libro Historizando la formación docente – Entretiempos democráticos y dictatoriales en el Instituto de Educación Superior N° 7, ‘Brigadier General López’ (1964-1983) de Alejandra García – Iracema Ediciones (2019)

(del Cap IV)

La vigilancia de la bibliografía. La intervención y prohibición sobre los contenidos curriculares.

Durante el periodo de ordenamiento, la dictadura ejerció en el ámbito educativo un control estricto sobre la circulación de la palabra, a través de la prohibición, autorización, o recomendación de los textos escolares. Mucho antes que la Operación Claridad[1]  del año 1977, se vivió en el Instituto el control sobre el material de estudio. De los primeros días del mes de abril del año ‘76 data el pedido de presentación por parte del departamento de Enseñanza Superior de la provincia, de la bibliografía usada por los profesores y el alumnado, detallada por curso y especialidad, con nombre de la obra, autor, y editorial. Complementarios a la expulsión del sistema que sobre los agentes educativos se había dado en la semana del comienzo de clases, estos movimientos tenían por meta sacar de circulación el material de estudio considerado ideológicamente subversivo. En relación a esas intervenciones, y a la carencia de documentación instructiva sobre la censura ideológica, se generaron al interior de las carreras dudas sobre la autorización o no de material bibliográfico en circulación, y debido a ello el pedido de información sobre bibliografía autorizada[2]. Ya en el mes de octubre con el Instituto intervenido, la petición que baja de Dirección en relación al control de la bibliografía, tiene las características de una biblioclastía fundamentalista, —se actúa sobre los libros por temor a su contenido y para evitar su lectura Ecco (2011)— de censura de los materiales de lectura de la biblioteca del Instituto. Ello se evidencia a partir del pedido a la bibliotecaria de la nómina de libros por autor y especialidad, que hubieran registrado entrada en los años 73, 74, 75 y 76, para su posterior control y en los casos que correspondiere su apartamiento, —esto no dicho explícitamente—. Más allá de ello, el control riguroso sobre la bibliografía que se instrumentó en este profesorado, se dio a través de circulares, y no tuvo el dramatismo de las acciones directas con fuerzas castrenses que se dio en las universidades. Este se asoció en principio, con acciones de inteligencia del Estado sobre los docentes en actividad para la detección de material ideológico considerado subversivo en uso, y a la vez que los incriminara, y de censura preventiva puesta al servicio del control cultural y social del material de lectura. Como derivación de ello, debido al contexto de temor e incertidumbre por el carácter a la vez indefinido y poco explícito de la censura, y como forma de protegerse de posibles sanciones; se dieron acciones de autocensura sobre los contenidos bibliográficos, con la consiguiente pérdida de la libertad académica y de cátedra. Ahora bien, los efectos que tuvo ello en el “plantel docente”, que como hemos dicho en los capítulos anteriores no era uno, fue en general de obediencia ante las medidas restrictivas, más allá que solo en el espacio privado del aula pudieron realmente verse los alcances reales que tuvieron los mandatos que al respecto condicionaban la tarea docente. Al respecto resulta muy interesante el testimonio de la profesora N Areces, “Cuando aparecieron en el ’76 las listas de libros prohibidos, particularmente en mis clases, pasaba textos en donde no figuraba el autor o cambiaba el título; por ejemplo, el de Joseph Fontana ‘¿Qué es la Historia?’, decía que era una recopilación de textos, por lo menos de esta manera leían algo interesante”. La tensión entre, la aceptación formal de la censura y a la vez, la resistencia de hecho a la misma, disimulada con artificios para no correr riesgos innecesarios, visibilizaba, además del entendimiento de parte de la docente sobre la correlación de fuerzas en que estaba inserta, las posibilidades que en el contexto del aula había durante este primer tiempo de la dictadura, a pesar del control de la bibliografía.

Otro aspecto bajo control, fue el conocimiento escolar. Esto se dio a través de la exclusión e intervención de los contenidos curriculares, como también sobre las producciones de los estudiantes. Una de las intervenciones más notables que experimentó el currículum fue sobre el espacio curricular Estudios de la Realidad Social Argentina (ERSA). Los contenidos y objetivos de esta asignatura habían sido redactados durante el gobierno peronista (1973), por una comisión especial constituida por sectores progresistas del partido gobernante. Estos se adecuaban perfectamente a dos paradigmas; el de la Teoría de la Dependencia y el de la Pedagogía de la liberación[3] de Paulo Freire, y se desarrollaban en cuatro áreas interrelacionadas: economía, política, sociedad y cultura, Porro e Ippolito (2003). Ello desde un modelo participativo, con un amplio protagonismo de las organizaciones: desde las cívico-barriales y los centros estudiantiles, hasta las Naciones Unidas. El mensaje era que la participación democrática no debía restringirse al ejercicio del sufragio. Este currículum esbozaba un proyecto político en el que se perseguía una gobernabilidad inclusiva, posible a través del desarrollo, la independencia económica, la industrialización con adecuada explotación de los recursos naturales y la recuperación del patrimonio nacional, Porro e Ippolito, (2003).

La asignatura ERSA estaba presente en varias de las carreras del Instituto[4]. A partir del Golpe, sus contenidos debieron ser modificados teniendo en cuenta la circular N° 38 del 1° de abril de 1976, expedida por el Ministerio de Cultura y Educación, que planteaba que dicho espacio debería referirse exclusivamente a los temas más significativos de la Historia Argentina. “… enfocando la historia argentina desde el punto institucional, con la finalidad que el alumno conozca los ideales de vida y de las instituciones de las distintas épocas, a fin de posibilitar el desarrollo de su capacidad de comprensión del presente y de los valores de la moral cristina, de la tradición nacional y de la dignidad del ser argentino”.

Se pasaba de un enfoque que promovía la concientización y la participación en la realidad social nacional, e integración latinoamericana y mundial de la Argentina para la consecución de su desarrollo, a otro muy diferente. En la nueva perspectiva se estudiaba al país en forma descontextualizada, en línea con los postulados más tradicionales del discurso pedagógico asociado a la matriz ideológica del catolicismo integrista. Los postulados que desde ERSA pensaban a la educación como acto político, y a los educandos como partícipes de la creación y transformación del mundo, caían por acción de decretos y circulares de las autoridades procesistas, debido a su “potencial subversivo”, en resguardo de una nacionalidad argentina esencialista en peligro.

Volviendo al Instituto, hay que decir que los profesores a cargo de esa asignatura, C. De Bernardi y O. Pérez, junto a otros nuevos, que reemplazaban a los profesores detenidos, debieron modificar sus programas, a raíz de la circular. En el control de ello, estando el profesor Giménez aún como directivo, quedó observado el programa de la profesora De Bernardi. Sobre ese episodio relata. “Un hecho puntual de esa época, por el que le debo mucho agradecimiento al director Horacio Giménez, fue, cuando antes de dejar el cargo, me habla al teléfono de mi vecina y me dice ‘Cristina tenés 48 horas para reformular el programa, me lo tenés que traer modificado porque vino la inspección, vieron tu programa y dijeron ¿¡Qué es esto?! Mirá Cristina, ‘vos si querés, seguí dando lo que das como lo das’, pero si el programa no me lo fórmulas como está indicado por las autoridades, yo no te puedo garantizar que sigas estando acá ni te puedo garantizar lo que te puede llegar a pasar!’ Y a toda velocidad lo hice y fui a entregárselo. Debo decir que también hubo una inspectora lo suficientemente flexible, que permitió el cambio y no me denunció. Siempre hubo gente en el intersticio.”

No se sabe si en relación a este episodio, o como parte de una rutina de control, en el primer mes del Instituto intervenido —septiembre— los cuatro programas de dicho espacio rehechos por sus respectivos profesores, fueron enviados al departamento de Enseñanza Superior perteneciente a la órbita provincial, órgano que ejercía el control en los profesorados de la provincia. Los mismos expresaban los nuevos contenidos de la ex – asignatura ERSA[5]. Sin embargo, en la fundamentación de todos estos, más allá de la obediencia general a los contenidos, se dejaba constancia de “la imposición” de los temas debido a la circular aludida y al programa confeccionado por el Ministerio de cultura y Educación de la Nación para profesorados Nacionales. Se debe decir, además, que en la reformulación de la profesora De Bernardi, persistían pequeñas, pero determinadas expresiones de resistencia a la depuración mentada en el curriculum, de gran valor en ese contexto. Cuando expresaba en la fundamentación, que la ampliación de los temas propuestos, se había realizado a partir de las inquietudes de las estudiantes, antecedentes de la materia y trabajo en coordinación con otros docentes. O cuando en relación a lo metodológico, hacía alusión a utilización de técnicas de trabajo grupal. También apreciamos expresiones de este tipo en las fundamentaciones de la profesora Pérez, cuando aclaraba con respecto a la bibliografía y su control, que, por tratarse de un seminario, la exégesis bibliográfica se la dejaba a los estudiantes.

Es importante destacar, además, que ni en estos, ni en los otros dos programas aparecían contenidos que materializaran las pautas pedagógicas de impronta católica ni esencialistas, a pesar de su indicación. Queda claro que lejos estaban estos programas modificados de la ex materia ERSA de representar el universo cerrado y a-histórico que tenía por meta el Ministerio con respecto a sus contenidos. Estas pequeñas, pero explicitas muestras de resistencia, dignidad y coherencia ideológica en estos primeros tiempos, demostraban una obediencia a medias, producto quizás de un control no tan aceitado por parte del Estado, y un miedo de no tanta intensidad por parte de los docentes durante el primer año de la dictadura.

Con respecto al control sobre las producciones de los estudiantes, una de las carreras más afectadas en el Instituto fue el profesorado de Servicio Social, —seguramente debido a la incidencia que tuvieron en la misma, profesores con militancia política— , que, por otra parte, no continuo a partir del golpe, al término de la cohorte que había comenzado tras el traspaso de ICES en 1975. Éste fue perpetrado sobre las tesinas finales de la carrera, que fueron eliminadas.[6] Episodio que visibiliza un ejemplo extremo de la lógica del orden autoritario, en donde la destrucción de las tesinas de grado, estuvo en relación al perfil politizado de la carrera, a los contenidos declarativos, ideológicos y bibliográficos de las mismas, y a un control de la producción de orden paradigmático, antes que a la idoneidad de su elaboración.

[1] Intervención dirigida por el Ministerio de Educación y Cultura durante el Proceso de Reorganización Nacional durante el año 1977, para la cual se habían provisto fondos secretos, que tenía por meta la «depuración ideológica» en el ámbito cultural, artístico y educativo, mediante la identificación, el espionaje y la información de personas consideradas opositoras. (Terán, 2008) op cit. 

[2] Así lo hace Nivel Primario, en los primeros días del mes de junio, que quiere contar con trabajos de ese departamento, sobre bases curriculares actualizadas y toda lo que la reglamentación contempla sobre los aspectos docentes y técnicos administrativos del nivel primario.

[3] La primera hace referencia a una teoría elaborada entre los ‘60 y 70 por científicos sociales, que señala la situación de estancamiento socio-económico latinoamericano en el siglo XX como producto de la dualidad metrópoli-países satélite. Tuvo gran gravitación en ella; Theotonio Dos Santos, André, y Celso Furtado, entre otros. La segunda, desarrollada por el pedagogo Paulo Freire en aquellos años de transición histórica y social, propone la participación activa del educador para su conversión en un sujeto transformador, en un pedagogo para la autonomía, capaz de articular el cambio. En la pedagogía de la autonomía, el educador es actor en la medida que decide contenidos, actividades en la enseñanza.

[4] Al 16 de marzo de 1976, la asignatura, ERSA, se dictaba:

Profesorado Jardín de Infantes, 1° año; a cargo profesor Roberto Blanc.

Profesorado Cs Jurídicas, 2° año; a cargo profesor Oscar Bernard y 4° año, en formato seminario; a cargo profesora Olga Pérez

Profesorado de Inglés, 1° año; a cargo profesora Olga Pérez y 2° año; a cargo profesor O Bernard.

Profesorado Historia y Geografía, 4° año en formato seminario; a cargo profesor O Bernard

Profesorado Cs Naturales, 4° año; en formato Seminario a cargo profesora O Pérez

Profesorado Nivel Primario, 1° año; a cargo profesora C De Bernardi

En Libro de Notas año 1976, Archivo, IES N° 7.

[5] Con una parte de contenidos de Historia Argentina (de la Revolución de mayo a la organización nacional en algunos casos, y hasta 1930 en otros), y otra de Formación Cívica, que se ocupaba del estudio de la estructura social argentina y sus interrelaciones, y el proceso circulatorio de la economía, con su correspondiente bibliografía.

[6] Cuenta al respecto C Betes “para recibirnos de Asistentes Sociales tuvimos que elaborar una tesis final, que fueron mandadas para su control al departamento de Educación Superior en Santa Fe. Después de esperar un buen tiempo, las tesis no venían. Fue así que nos dijeron que las habían quemado. Nuestra promoción, y creo que la del año que siguió quedaron sin ellas a pesar de haberlas realizado. Años después tuvimos que recurrir al Ministerio para que a través de un decreto pudiera justificar la ausencia de la tesis en el título.”

Alejandra García es Licenciada y profesora en Historia (UNR). Se desempeña en la EESOPI N° 3095, Cultura Inglesa, y en el IES Nº7, Brigadier Estanislao López, de Venado Tuerto, donde además ejerce la Jefatura del departamento de Investigaciones. Es presidenta de la Comisión de Nomenclatura —asesora del Concejo Municipal de Venado Tuerto— y del Archivo Histórico Digital de la misma ciudad. Ha publicado en coautoría varios trabajos en revistas culturales y participado en numerosos congresos provinciales y nacionales como expositora. Es coautora del libro Venado Tuerto y su Nomenclatura (2011), Mucho más que un clásico, Historia institucional y deportiva del Jockey Club de Venado Tuerto (2013). Ha participado en la elaboración del Manual didáctico; El espíritu del Venado Tuerto (2014). Autora de Historizando la formación docente (2019).